CARACAS, Marzo 4 — En Venezuela, el dólar estadounidense ha reemplazado a la vapuleada moneda venezolana, el bolívar, a un punto tal que los precios de bienes y servicios ya tienen más de tres años denominados en el llamado “greenback.” Supermercados, concesionarios de autos, y vendedores ambulantes ofrecen sus artículos en la moneda verde, llevando al gobierno del presidente Nicolás Maduro a intentar aplicar el primer impuesto sobre estas operaciones desde que se inició la dolarización de facto en el 2018.

Datos del Banco Central de Venezuela indican que al cierre del año pasado el circulante en bolívares en toda la economía venezolana alcanzó al equivalente de USD914 millones. En contraste, los depósitos en moneda extranjera en manos de la banca venezolana se ubicaron en USD1.137 millones, de acuerdo a estimaciones de la consultora bancaria Aristimuño Herrera & Asociados. Las cifras revelan que al tipo de cambio oficial, hay más dólares en los bancos que bolívares circulando en la economía, y al cierre de diciembre de 2021 los depósitos en moneda extranjera ya representaban el 52,4% de las captaciones totales de los bancos.

“La dolarización ha favorecido que haya más inversiones, pero este impuesto se puede convertir en una ´bola de nieve´, más aún con un dólar perdiendo poder de compra,” comenta Luigi Pisella, el presidente de la Confederación Nacional de Industriales, Conindustria. “El primer problema que tiene la industria venezolana es la baja demanda interna que hay en el país,” asevera.

Un estudio publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, una institución independiente creada por economistas y exdirigentes políticos, reveló que 99% de los precios en Caracas, la capital venezolana, se referencian al dólar, generalmente a un tipo de cambio superior al oficial, y casi 50% de las compras se pagan con moneda extranjera.

A principios de febrero la Asamblea Nacional, controlada por la coalición oficialista, aprobó una reforma legal que permite cobrar un impuesto a las transacciones realizadas por personas naturales y empresas en divisas y criptomonedas distintas el controvertido Petro, el cryptoactivo que el gobierno creó en 2017 y cuyo valor oficial se ha mantenido estable en USD56 por unidad.

Estragos en la Economía

Días atrás la mayor confederación empresarial del país, Fedecámaras, solicitó al Ejecutivo postergar la aplicación del nuevo tributo, el cual espera por la firma del presidente Maduro para que entre en vigencia una tasa inicial de 3% para todas las operaciones gravadas aunque en algunos casos puede llegar a 20%.

Este jueves 03 de marzo el gobierno publicó en dos ediciones de la Gaceta Oficial –el boletín oficial del estado venezolano-, una con texto definitivo de la norma y otra con un decreto de Maduro que establece básicamente que operaciones no pagarán el polémico tributo.

Los textos agudizaron la oleada de críticas, sobre todo de expertos tributarios, debido a que los efectos potenciales de estas normas pueden ser graves. A pesar que el Ejecutivo de Maduro abrió una ronda de consultas con el sector empresarial y algunos juristas especializados, el texto de la Ley no fue modificado en absoluto. El decreto complementario exonera a las Bolsas de Valores, compras con tarjetas de débito y crédito, operaciones cambiarias y recepción de remesas sin la carga fiscal de 3% que representa el impuesto.

En lo que va de año el Banco Central de Venezuela ha inyectado a las mesas cambiarias de la banca –donde funciona el mercado cambiario autorizado sin regulación de precios- más de USD600 millones para mantener el control sobre el tipo de cambio, lo que ha impedido que el dólar, tanto el oficial como el paralelo, emule el ascenso de la inflación.

De acuerdo a estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, la economía venezolana creció 6,8% el pasado año, aunque el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la privada Universidad Católica Andrés Bello estima que la recuperación alcanzó apenas a 5%.

Se trató de la primera expansión del Producto Interno Bruto en siete años gracias a una recuperación incipiente de la producción petrolera, sobre la cual tampoco hay cifras oficiales. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, estima que el bombeo total de crudo alcanzó a 871.000 barriles diarios (b/d) al cierre de 2021. El Banco Central de Venezuela no publica datos del PIB desde 2019.

Analistas coinciden en estimar que el nuevo tributo podría descarrilar un crecimiento esperado de 4,3% para este año, según el promedio general de los escenarios locales disponibles estimado por Zignox.

César Aristimuño, economista y ex-ejecutivo bancario, considera que en 2022 la economía crecerá 4%, sufriendo aún 330% de inflación anualizada. La proyeccion representa una reducción sensible frente un ICP que alcanzó 660% el pasado año. Con el impuesto el crecimiento sería de apenas 2%, según sus estimaciones, pudiendo echar por tierra las expectativas de recuperación en el corto plazo y llevar el proceso de dolarización a la informalidad casi absoluta observada hace dos años.

Un funcionario del Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior, de donde salió el proyecto inicial por iniciativa de la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez, dijo a Zignox que el texto aprobado por el parlamento chavista estaba en revisión. Sin embargo, el acuerdo fue hacer modificaciones a través de un norma directamente emitida por Maduro.

Creciente Descontento

Diversas organizaciones empresariales enviaron observaciones al gobierno, que mantiene relaciones fluidas con sectores privados que antes atacaba, solicitando una reducción de la tasa a menos de 1% y clarificar las exenciones. El gobierno alega que el tributo a las transacciones en divisas debe ser superior a la tasa de 2% que pagan las grandes transacciones financieras en moneda local, porque, aparte de ayudar en la disminución de un déficit fiscal, que en el Presupuesto 2022 se estima en 2,1% del PIB, estimularía un mayor uso del bolívar.

De acuerdo con la reforma a la Ley de Grandes Transacciones Financieras, donde se insertó el impuesto a las transacciones en divisas y crypto monedas, pechar a las operaciones con moneda extranjera incrementaría de 13% a 18,5% la recaudación de este tributo como porción del total de la tributación interna esperada en 2022. De acuerdo a Ley de Presupuesto Nacional, expresada en bolívares al tipo de cambio oficial vigente al cierre de esta nota de Bs.4,6, la cifra alcanzaría USD2.509 millones.

La intención gubernamental es que el tributo se utilice de manera íntegra para inversión social, en un país donde un trabajador del sector comercio gana, en promedio, USD89 y un gerente del mismo sector devenga USD210 mensuales, según cifras al mes de diciembre 2021 del Observatorio Venezolano de Finanzas.El salario mínimo en Venezuela equivale a USD1,55 mensuales, y este es el monto de las pensiones que cobran los jubilados, una población que supera 4 millones de personas, según el mismo Observatorio.

Asdrúbal Oliveros, socio director de la consultora local Ecoanalítica, estima que la dolarización transaccional ya alcanza al 65% del total de las operaciones del pais, con más de USD3.000 millones –provenientes de remesas y repatriación de capitales en el exterior– se mueven en efectivo, tarjetas internacionales y cuentas bancarias. Según esta firma durante 2021 los precios en dólares subieron 40% y, de hecho, la moneda estadounidense ha registrado una severa pérdida de poder compra: para adquirir bienes y servicios que se podían pagar con USD100 en 2020 ahora se requieren USD330.

El gobierno, actuando de manera pragmática, no penalizó el uso de divisas. En 2019 Maduro agradeció a Dios por la dolarización, a la que califica reiteradamente como un “ajuste de la población” ante las sanciones impuestas por Estados Unidos desde principios de 2017.

Detrás del Impuesto

De acuerdo con fuentes políticas consultadas por Zignox, la Ley busca cobrar las operaciones que, se presume, son de altas sumas en los sectores inmobiliarios, turismo, casinos y comercio de bienes importados, entre otros donde se estarían moviendo “fuertes sumas en divisas”, por las cuales el Estado no recibe contribución alguna.

La idea de la reforma, en consecuencia, provino del propio gobierno en el marco del denominado “Plan Rivera”, una reforma económica ortodoxa que ha reducido los niveles de inflación (aunque las alzas de precios siguen siendo muy agresivas en comparación con el resto del mundo) asesorada por el exministro de Finanzas ecuatoriano, Patricio Rivera.

Rivera es un asesor muy influyente que despacha muy cerca de la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez, quien funge como el verdadero poder administrativo detrás del presidente  Maduro. Fortuny estima que Rivera trabaja en la versión final del impuesto a las transacciones con divisas.

Mensajes de texto a la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez no fueron respondidos. Voceros del Ministerio de Finanzas también declinaron comentar para este artículo.

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